Madrid y Valencia aplicaron ese sistema a empresas de la Gürtel-
El Gobierno de Jaume Matas utilizó la técnica del circuito cerrado -adjudicaciones a dedo- para la agencia Nimbus, que, a su vez, financiaba al PP, aplicando el mismo sistema que la Generalitat Valenciana y el Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre emplearon con las empresas de la trama Gürtel. Las adjudicaciones se fraccionaban para que su importe unitario nunca excediera los 12.020 euros, el límite máximo que la ley marcaba hasta finales de 2007 para los llamados contratos menores, aquellos que se otorgan sin concurso ni expediente administrativo de ninguna clase.
En el segundo mandato de Matas (2003-2007), Nimbus recibió 2,4 millones de euros en contratos de todo tipo concedidos por el Ejecutivo balear, según los datos conocidos hasta la fecha. Fernando Areal, cuñado de Matas y en aquella época gerente del PP en el archipiélago, entregó a la agencia 71.000 euros en dinero negro para saldar deudas del partido. La empresa consignaba sus trabajos para los conservadores bajo el epígrafe "Producciones B". Los investigadores entienden que las anotaciones allí contenidas reflejan dinero opaco. Y subrayan que, tanto el representante legal de Nimbus, imputado en el caso Palma Arena, como otros dos empleados de la empresa ya han admitido ante el juez que se fraccionaban los contratos de manera fraudulenta.
Esto también consta en el escrito donde los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach pidieron el viernes una fianza de tres millones de euros para el ex president balear si quiere eludir la prisión. Hoy, a las 10 de la mañana, el juez José Castro comunicará a los abogados de Matas el importe de la fianza definitiva su imposición se da por segura, así como el resto de medidas cautelares.
Lo previsible es que el juez confirme la retirada de pasaporte. Convencidos de que el riesgo de fuga es elevado, los fiscales, que atribuyen al ex líder del PP balear delitos susceptibles de acarrear penas de cárcel superiores a 24 años, también demandan que se le prohíba abandonar el territorio nacional y se le obligue a comparecer ante el juez cada 15 días.
La defensa de Matas alega que privarlo del visado internacional vulneraría el derecho al trabajo de su cliente, que presta servicios profesionales para la consultora Pricewaterhouse en EEUU. El que fue ministro de Medio Ambiente en el segundo Gobierno de Aznar ya ha confesado en sede judicial que manejó dinero negro, pero niega que su saneado patrimonio tenga origen en el cobro de sobornos. La esposa de Matas, Maite Areal, se negó a declarar ante el juez. Las sospechas sobre Matas arrancaron tras una denuncia anónima sobre el piso palacete que la familia había comprado en 2004 en el centro de Palma, justo al lado de la sede de la Cámara de Cuentas balear.
Como informó Público el sábado, la agencia Nimbus sufragó al menos parte de la campaña electoral de Jaume Matas en 2007. Lo hizo endosando facturas falsas a varios departamentos del Gabinete de Matas, entre ellos, la Fundación Illesport. Illesport tenía encomendada la puesta en marcha del velódromo Palma Arena, cuyo coste se disparó desde los 48 millones presupuestados hasta 110.
La Fundación Illesport también abonó gastos del mitin protagonizado por Rajoy el 18 de mayo de 2007 en el Palma Arena. A sufragar cuñas radiofónicas de la campaña electoral de Matas, Illesport destinó, al menos, 19.127 euros. Y el mitin de Rajoy costó al ente público balear 4.802. La investigación no ha concluido, por lo que no puede descartarse el hallazgo de nuevas facturas falsas.
Facturas falsas
Las facturas emitidas por Nimbus contra Illesport, la Dirección General de Deportes y la Conselleria de Vicepresidència eran falsas, concluye Anticorrupción. "La prestación de servicios contratada no se realizaba a pesar de ser abonada la misma por el órgano de administración correspondiente", se lee en el escrito de Carrau y Horrach.
Y, al igual que en Madrid con Special Events y otras tres empresas del caso Gürtel, y como en Valencia con Orange Market, el importe de los contratos "se fraccionaba en cuantías inferiores a 12.000 euros para evitar el preceptivo procedimiento de concurso o [procedimiento] negociado sin publicidad, y se adjudicaba directamente a la mercantil a la que se quiere beneficiar". En Madrid, el conglomerado empresarial de la red que dirigía Francisco Correa obtuvo más de tres millones de euros gracias a contratos menores otorgados por el Ejecutivo de Aguirre entre 2003 y 2008. En Valencia, el cálculo de la oposición apunta a que Orange Market, la filial local de la Gürtel, consiguió del Gobierno de Francisco Camps no menos de 574.000 euros mediante esa fórmula.
